El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, Arturo León Alam, dio a conocer que la Fiscalía Anticorrupción reabrió la investigación en contra de las administraciones encabezadas por Leoncio Morán Sánchez y Héctor Insúa, por su presunta responsabilidad en el desvío de 150 millones de pesos que debieron ser depositados en el Instituto de Pensiones (Ipecol).
Indicó que “el 3 de noviembre del 2022, nos citaron a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía General del Estado de Colima y se reabrió en las investigaciones, se pidieron informaciones importantes tanto al Instituto de Pensiones como a la presidencia del ayuntamiento de Colima, para hacer una evaluación que concluirá este mes de enero”.
Dijo que “ya deberíamos de recibir unos resultados de las investigaciones, no solo contra Leoncio Morán, sino también contra Héctor Insúa y su equipo de colaboradores, -pues- están perdidos más de 150 millones de pesos del Instituto de Pensiones que mucha falta le hacen para que siga funcionando adecuadamente”.
Aunque comentó que esto es un avance, aseguró que confía “en la buena conducta que ha tenido toda su vida el fiscal general, Bryant García y eso permea entre todas las dependencias de la Fiscalía General del Estado, una buena conducta, una conducta proba, una conducta honesta y considero que a final de cuenta habrá resultados”.
Cuestionado si existe la posibilidad que ambos exalcaldes del municipio de Colima queden absueltos, el dirigente sindical expresó que “sí existe esa la posibilidad de que ambos alcaldes salgan absueltos, siempre y cuando la culpa la tengan los tesoreros (de cada administración) si los depósitos no fueron realizados, ellos incurrieron en desvío de cuotas y aportaciones, “quien resulte responsable puede ser desde el tesorero general hasta el director de Egresos o el contador general en cada uno de los ayuntamientos”.
Mencionó que en este caso, de las administraciones de Héctor Insúa y Leoncio Morán, puede suceder que ellos hayan ordenado que las cosas se hicieran bien y que los tesoreros lo hicieron mal y eso se deberá de juzgar, analizar y resolver primero el ministerio público, después un juez de control y ya sobre de ello salir con una resolución y una sentencia en la cual, para mi gusto, lo que deberían de buscar es el de resarcir el daño, que pagaran esos millones y que fueran a dar al Instituto de Pensiones donde hace falta tanto al instituto y a los trabajadores que están jubilados ahí.